Las cosas por su nombre
Por Ramón Alfonso Sallard
La presunta lucha por la democracia que Lorenzo Córdova planteó el domingo en el Zócalo no es tal. En realidad, se trata de un asunto más vulgar: el pleito es por el dinero y por mantener el control político y operativo del órgano electoral.
Desde 1996, cuando Ernesto Zedillo ideó el modelo vigente hasta hoy, un grupo de poder emanado del Movimiento de Acción Popular (MAP), a cuyos integrantes se les conocía también como mapaches, empezó la colonización de las instancias de dirección y de los puestos clave de la estructura electoral, hasta lograr el control total del aparato a partir de 2016.
Tal como lo hicieron con otros organismos constitucionales autónomos, que entregaron a los grupos de interés dominantes en cada sector, los gobiernos neoliberales del PRI y PAN cedieron el INE –antes IFE—, en calidad de feudo, a una cofradía que les garantizaba continuidad e impunidad. Así fue hasta que llegó el tsunami electoral de 2018, que modificó por completo la correlación de fuerzas políticas.
Todavía lograron algunas maniobras favorables al antiguo régimen en 2021 (el desconocimiento de las candidaturas de Morena a los gobiernos de Guerrero y Michoacán), pero ya no pudieron inducir el nombramiento de nuevos consejeros electorales a través de los partidos políticos. Esto redujo la influencia de la secta en el organismo electoral. Sin embargo, sus adherentes siguen siendo mayoría en el Consejo General.
La desmesura con la que Lorenzo Córdova se ha conducido desde que dejó la presidencia del INE, formulando todo tipo de acusaciones al presidente AMLO, se inscribe en este contexto. El junior –hijo del notable politólogo Arnaldo Córdova, ya fallecido—, desde luego, no es el líder, sino apenas un vasallo que transmite el mensaje. El señor feudal del INE se llama José Woldenberg.
El proceso de feudalización del Estado mexicano es un tema que he investigado a fondo desde hace varios años. De hecho, mi proyecto de tesis doctoral en Ciencias Políticas se denomina: “México: del Estado corrupto al Estado criminal. Treinta y seis años de neoliberalismo y feudalización del poder público (1982-2018)”. El Instituto Nacional Electoral es uno de los casos objeto y sujeto de estudio. En su momento, mi tesis habrá de publicarse en forma de libro.
El feudalismo, como es sabido, fue un sistema político, económico y social que dominó Europa durante la Edad Media. Se caracterizó por una estructura jerárquica de poder, con el rey en la cima, seguido por los nobles, los caballeros y los campesinos. La propiedad de la tierra era la base de la riqueza.
A cambio de jurar fidelidad al rey, los nobles y los caballeros recibían tierras y protección. Estas personas llegaban a poseer grandes predios que dividían en feudos. Los señores feudales entregaban, a su vez, estas porciones de tierra a sus vasallos, a cambio de servicios militares y políticos.
Los vasallos, por su parte, tenían dos obligaciones principales: a) servir militarmente a su señor feudal y b) pagar a éste impuestos. También tenían derechos: 1) a la protección del señor feudal y 2) a la justicia en sus tierras. Es decir, entre el señor feudal y sus vasallos existían obligaciones y derechos recíprocos.
Aunque el feudalismo como sistema desapareció hace ya varios siglos, algunos de sus principios se siguen aplicando en los Estados modernos, cuyas estructuras de poder están organizadas de manera jerárquica, con diferentes niveles de gobierno y con atribuciones claramente establecidas para sus funcionarios.
Los ciudadanos, tal como lo hacían los vasallos en la época feudal, pagan también impuestos al Estado para financiar sus servicios. En la mayoría de los países, de igual forma, existe la obligación de realizar el servicio militar y de servir en el ejército en caso de guerra. A su vez, el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanos de la violencia y el crimen.
El mundo unipolar que emergió de la implosión de la Unión Soviética revaloró los principios del feudalismo y sometió a una suerte de vasallaje a varios Estados, apelando a factores económicos y al libre comercio, en un marco de globalización de los factores y de las cadenas de producción. México fue objeto de esa dinámica durante el período neoliberal y, a su vez, adoptó el modelo sugerido por los organismos internacionales dominados por Estados Unidos, basado en el fraccionamiento del Estado clásico conformado por tres poderes (Ejecutivo, Legislativo y Judicial).
Las reformas estructurales impuestas a México desde el exterior –receta que EU se niega a instrumentar en su propio país—tuvieron como principal elemento la creación de diversos organismos autónomos, algunos de ellos de carácter constitucional, para proteger los intereses privados nativos y trasnacionales. Todos y cada uno de ellos fueron entregados a los grupos de interés dominantes en cada sector de la economía.
Los OCA en materia político-electoral (IFE e INE) y en derechos humanos (CNDH y los respectivos organismos estatales), si bien tuvieron un impulso internacional, son resultado de la lucha y del empuje de diversos actores políticos opositores, que durante varias décadas pugnaron por mayores espacios de participación y representación. Sin embargo, en su funcionamiento interno adoptaron, al igual que los otros organismos autónomos, los principios básicos del sistema feudal.
Si se analiza el texto original de 1917 del artículo 41 de la Constitución, y se compara con las diversas y abundantes reforma que se han hecho de entonces a la fecha a este precepto, se entenderá el nivel de resistencia de Lorenzo Córdova y de sus patrocinadores a las nuevas reformas constitucionales en la materia que propuso AMLO. Hay que observar con especial cuidado la reforma de 1996, que encumbró a José Woldenberg como presidente del Instituto Federal Electoral, y la de 2016, que entregó a su vasallo Córdova la conducción formal del organismo, ahora bajo el nombre de Instituto Nacional Electoral.
Mañana continúo con el tema de los recursos públicos que han ejercido tanto el INE como los partidos políticos. También abordaré la corrupta reforma constitucional de 2016, en el marco del Pacto por México, y el desempeño de Woldenberg como señor feudal del INE. Se entenderá con más claridad por qué la oposición de derecha, disfrazada de sociedad civil, escogió a Lorenzo Córdova como orador para el mitin realizado el domingo pasado en Zócalo capitalino.