Las cosas por su nombre
Por Ramón Alfonso Sallard
El 15 de junio de 2020 se publicó en el periódico Reforma un desplegado firmado por los más connotados intelectuales al servicio del antiguo régimen titulado: “Contra la deriva autoritaria y por la defensa de la democracia”. Tres años y nueve meses después, la mayoría de los abajo firmantes han abdicado, en los dichos y en los hechos, de aquel panegírico sobre cultura democrática.
Uno de ellos, Jorge G. Castañeda, llamó esta semana a “la guerra sucia en serio” en contra de Claudia Sheinbaum, a fin de evitar la continuidad de la izquierda en el gobierno; otro, Héctor Aguilar Camín, insiste en calificar al presidente como “aldeano” y “provinciano” y a sus votantes como “servidumbre voluntaria”; uno más, Enrique Krauze, ha confesado que extraña “la dictadura perfecta”, cuando el PRI organizaba y calificaba las elecciones.
El poeta del odio, Javier Sicilia, suele describir a la 4T como una kakistocracia (gobierno de los más ineptos) y comparar a AMLO con Hitler; Guillermo Sheridan, por su parte, describe al mexicano como “ignorante, tonto, fanático, corrupto, ladrón, sexista, caprichoso, temperamental, alcohólico, arbitrario…”; el más modosito, José Woldenberg, tilda de “dictadura” al gobierno de AMLO, sin atender el 53% de los votos que obtuvo ni su alta aprobación popular; del zafio Macario Schettino (Falsario Escretino) o de la fascista Beatriz Pagés, no vale la pena ocuparse.
Lo que importa, en todo caso, es el alegato suscrito por treinta presuntos demócratas, a partir del cual se formalizó la alianza opositora conformada por PRI, PAN y PRD. Aquel escrito constituye hoy una diatriba contra sus propios autores.
El total de los abajo firmantes es el siguiente: Héctor Aguilar Camín, José Antonio Aguilar Rivera, María Baranda, Roger Bartra, Agustín Basave, Humberto Beck, Jorge Castañeda, Christopher Domínguez Michael, José Ramón Enríquez, Julio Frenk, Enrique Krauze, Antonio Lazcano Araujo, Soledad Loaeza, María Marván, Ángeles Mastreta, Ian Meyer, Beatriz Pagés, Ricardo Pascoe Pierce, Jesús Reyes Heroles, Rafael Rojas, Macario Schettino, Enrique Serna, Guillermo Sheridan, Consuelo Sáizar, Javier Sicilia, Fernanda Solórzano, Isabel Turrent, Francisco Valdés Ugalde, José Woldenberg y Gabriel Zaid.
Retomemos aquel texto, actualizado al presente, para advertir no sólo la deriva autoritaria del grupo, sino también su miseria ética y moral. El texto original está en cursivas. Las negritas son aportación nuestra.
Contra la deriva autoritaria y en defensa de la democracia
Han transcurrido más de 63 meses del gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El triunfo del presidente fue inequívoco, no obstante, sin que la mayoría de los mexicanos votáramos por ellos y violando la Constitución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Instituto Nacional Electoral y sus aliados lograron que una minoría de escaños en el Congresose convirtiera en una mayoría de votos en el Poder Judicial Federal. Además, los poderes fácticos lograron ampliar el grupo de jueces y magistrados a su servicio mediante la compra de ministros de la Corte propuestos por el presidente de la República. La consecuencia ha sido la asfixia de toda iniciativa gubernamental, la paralización de obras públicas y la invalidación de leyes en aras de someter a los poderes Ejecutivo y Legislativo a los dictados del Poder Judicial, investido por sí mismo, de manera ilegítima e ilegal, como Máximo Tribunal Conservador del país.
Por su parte, la ministra presidenta de la SCJN ha ido concentrado en sus manos el poder en detrimento de los demás poderes del Estado y de los estados de la federación. Al hacerlo, ha destruido o deteriorado la administración pública y las instituciones constitucionales. Invocando a una supuesta autonomía del Poder Judicial, menoscaba las capacidades del gobierno, toma decisiones inconstitucionales, polariza a la sociedad en bandos artificiales –a favor o en contra de la Constitución–, desacredita la autoridad de los órganos especializados como la UIF(Unidad de Inteligencia Financiera) y ataca toda forma de expresión que utilice el presidente de la República y que no se identifique con la visión política conservadora que prevalece en la SCJN. El máximo tribunal del país ha mantenido una actitud despreciativa, no sólo hacia instituciones autónomas, como la Fiscalía General de la República y la CNDH, sino también hacia las esferas científicas y culturales, así como muy notoriamente hacia el movimiento de las mujeres que luchan por la igualdad. En el primer caso, destaca el otorgamiento de suspensiones inconstitucionales para evitar que se distribuyeran los libros de texto gratuito en Chihuahua y Coahuila; y en el segundo, la validación del discurso de odio, discriminatorio y misógino, en contra de la diputada Andrea Chávez y de la senadora Citlalli Hernández, ambas de Morena.
La oligarquía y sus voceros reclamaron: “El manejo de la crisis sanitaria de la COVID-19 se ha caracterizado por una política de austeridad suicida y por su rechazo a un acuerdo nacional para reactivar la economía y salvar cientos de miles de empleos. En su lugar, se ha utilizado a la pandemia para acelerar la demolición del Estado y el control del poder”. Sin embargo, el gobierno decidió no contratar deuda para salvar a los de arriba. Mantuvo los programas sociales y combatió las informaciones falsas y las campañas de pánico durante la emergencia sanitaria, mediante conferencias de prensa diarias. Hoy el país tiene los mejores números de su historia en materia económica desde que existe registro, a pesar de los múltiples amparos, acciones de inconstitucionalidad y controversias constitucionales resueltas por la SCJN en contra de diversas obras públicas y programas de gobierno.
De continuar por este camino, el Poder Judicial de la Federación y la coalición conservadora que proclama la consigna de “la Corte no se toca” harán retroceder los avances democráticos que consumieron años de lucha a la sociedad mexicana para salir de un sistema autoritario y establecer la democracia.
La oligarquía y sus voceros plantearon: “Pensamos que es imperativo corregir el rumbo y recuperar el pluralismo político y el equilibrio de poderes que caracterizan a la democracia constitucional. La única manera de lograrlo es mediante una alianza, amplia alianza ciudadana que junto con los partidos de oposición construya un bloque que, a través del voto popular, restablezca el verdadero rostro de la pluralidad ciudadana en las elecciones parlamentarias del 2021. Es necesario que esta alianza obtenga la mayoría para asegurar que la Cámara de Diputados recobre su papel como contrapeso constitucional al Poder Ejecutivo y a obligar al gobierno a respetar la pluralidad democrática”.
Aunque los parridos de oposición –PRI, PAN y PRD—se presentaron aliados en esos comicios intermedios, el voto popular no los favoreció. La 4T refrendó su mayoría parlamentaria y obtuvo también la mayoría de los cargos en disputa, incluidas varias gubernaturas.
La democracia empieza con el respeto escrupuloso al voto. Bajo esta premisa, la 4T pretende obtener en 2024 la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión –el Plan C–, a fin de materializar diversas reformas constitucionales, entre ellas la del Poder Judicial y la político-electoral. En ambos casos se propone que ministros, magistrados, jueces y consejeros electorales sean electos mediante voto popular. Para impedirlo, Jorge G. Castañeda propone “la guerra sucia en serio”. Eso sí que constituye una auténtica deriva autoritaria.