El 3 de diciembre, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional que prohíbe la producción, comercialización y distribución de vapeadores, cigarrillos electrónicos y otras sustancias tóxicas en México. Esta reforma es parte de un esfuerzo más amplio para proteger la salud pública y se envió al Senado para su discusión y posible aprobación.
La propuesta, que había sido parte de las reformas impulsadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, busca poner un freno a la creciente popularidad de los dispositivos de vapeo, que, según los legisladores, representan un riesgo para la salud de los usuarios, especialmente los jóvenes. La reforma también abarca la producción y distribución de sustancias tóxicas y precursores químicos, así como el uso ilícito de fentanilo y otras drogas sintéticas no autorizadas.
A pesar de que en agosto la iniciativa ya había avanzado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, hubo debates sobre si la prohibición era la solución adecuada o si se debía optar por una regulación que evitara la venta en el mercado negro. Sin embargo, finalmente se aprobó la prohibición, buscando una mayor protección para los ciudadanos frente a los riesgos de estas sustancias.
De acuerdo con la reforma, se sancionará toda actividad relacionada con los cigarrillos electrónicos y los vapeadores, aunque aún no se han establecido las sanciones específicas, las cuales se definirán en las leyes secundarias. Estas leyes deberán armonizarse en un plazo de 180 días, mientras que las legislaturas locales tendrán 365 días para realizar las adecuaciones necesarias.