Diecisiete naciones en desarrollo piden abrir un diálogo sobre una norma que consideran “punitiva y discriminatoria”.
La ley europea contra la deforestación que entró en vigor hace poco más de dos meses y veta a los países de la UE importar productos de áreas deforestadas tiene profundamente preocupados a varios países en desarrollo que se consideran directamente perjudicados.
Brasil, Indonesia y otros 15 países han escrito una carta conjunta a las máximas autoridades de las instituciones comunitarias en las que reclaman al bloque que reconsidere la norma, que critican por su “carácter punitivo y discriminatorio”, según el texto, difundido este lunes por el Ministerio de Exteriores brasileño.
Varios de los firmantes ya hicieron público su descontento hace un año. Acusan a la UE de haberse mostrado “inflexible” hasta ahora y reclaman la apertura de un diálogo para resolver el contencioso mientras reafirman su compromiso con “las metas ambientales multilaterales”.
La norma de la UE, que entró en vigor el pasado 29 de junio, es considerada por sus autores como un gran paso adelante para que el consumo en los Veintisiete no contribuya a la deforestación o degradación de la Amazonia y otros valiosos bosques tropicales.
La ley antideforestación veta la entrada en su territorio de siete productos (aceite de palma, cacao, café, caucho, ganado, madera y soja) y sus derivados si proceden de áreas ilegalmente deforestadas después del 31 de diciembre de 2020. Esa es a fecha de corte. Y serán las propias empresas que quieran comercializarlos las que deban demostrar que sus productos son limpios.