Las cosas por su nombre
Por Ramón Alfonso Sallard
Para Baltasar Garzón, exjuez y abogado español, la utilización de la justicia por la política es un fenómeno tan antiguo, que sus orígenes se pierden en la noche de los tiempos. Los ejemplos más notables son los juicios de la inquisición, entre ellos el que se instauró a Galileo Galilei. Pero el lawfare es un término acuñado en fechas más recientes. Se trata de una contracción gramatical de las palabras inglesas “law” (ley) y “warfare” (guerra).
En el prólogo de un libro de edición reciente (2023) sobre el tema (Objetivo: Cristina. El lawfare contra la democracia en Argentina), el conocido jurista explica:
“Lo novedoso de este concepto es que, si bien históricamente la manipulación de la justicia ha sido una herramienta propia de autocracias y dictaduras, este fenómeno se ha instalado ahora en las democracias, degradándolas. Tiene lugar cuando un juez o un fiscal, aparentando que actúan bajo la más estricta legalidad formal, renuncian a ser imparciales, asumiendo un papel que socava desde dentro la separación de poderes, el Estado de Derecho y la democracia, prevaliéndose para ello de los mecanismos que les da el propio Estado”.
Por su parte, la catalana Arantxa Tirado Sánchez, en su libro El lawfare. Golpes de Estado en nombre de la ley (2021), apunta que la ola de gobiernos de izquierda en América Latina y el Caribe desde finales del siglo XX, conformó un mapa geopolítico adverso a los intereses estadounidenses. Para cambiar esa correlación de fuerzas, entró en escena el lawfare o guerra judicial, un mecanismo aparentemente democrático y ajustado a derecho que busca socavar el ejercicio del poder de la izquierda.
La autora ubica el origen del lawfare como una estrategia de carácter militar o de guerra híbrida, que busca, mediante la combinación de operaciones judiciales, mediáticas, políticas o económicas, la reconfiguración de la geopolítica hemisférica. Sostiene: “Si en décadas precedentes los golpes de Estado clásicos sirvieron para impedir que la izquierda gobernante desplegara su agenda política desde las instituciones o, incluso, llegara a ocuparlas, hoy el lawfare ejerce una misma función, pero amparándose en la legalidad y manteniendo las apariencias democráticas. Asistimos, entonces, a la paradójica demolición del Estado de derecho en nombre de la ley”.
A mi juicio, esto es, justamente, lo que está sucediendo en México: una guerra jurídica abierta y pública entre la SCJN contra los otros dos poderes de la Unión, a partir de la disputa real entre dos proyectos de Nación enfrentados y contrapuestos. Lo sabe el presidente de la República, al igual que los principales liderazgos de su movimiento. Tanto AMLO como Claudia Sheinbaum reconocen que, en el campo de batalla de la Corte, no tienen posibilidad alguna de ganar. Lo más probable es que todas las reformas prioritarias del actual gobierno sean invalidadas en los próximos meses.
Sin embargo, en el terreno político los ministros y ministras del bloque de derecha están derrotados de antemano. La batalla por la opinión pública es y será adversa a los juristas. A ese campo, precisamente, los ha llevado el presidente, porque ahí la guerra puede ganarse de manera amplia y con relativa celeridad. Tan rápido que, si la 4T logra la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión en los próximos comicios de junio, la izquierda permanecerá varias décadas en el poder. Tal es mi pronóstico.
¿Cuál es la situación actual de la guerra judicial? El viernes pasado, el periódico Reforma destacó en su página web la probable anulación de un paquete de 20 reformas legales prioritarias propuestas por el presidente de la República y aprobadas por mayoría absoluta en ambas cámaras del Congreso de la Unión el 23 de abril de 2023.
Cuatro ministros listaron ese viernes sus proyectos de sentencia para ser discutidos por el Pleno de la Corte a partir del 9 de abril próximo y, en todos los casos, plantean invalidarlas por “violaciones graves” en el procedimiento legislativo. Los autores de los proyectos son los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos-Farjat, Alberto Pérez Dayán y Jorge Mario Pardo Rebolledo.
Entre las reformas que se pretende invalidar por vicios legislativos se encuentra la referente al control de precursores químicos (como el fentanilo) y de productos para elaborar tabletas; la Ley Ferroviaria, que prevé asignaciones por tiempo indefinido a paraestatales administradas por la Sedena (como el Tren Maya); los cambios realizados a la Ley de Bienes Nacionales; y las modificaciones a la Ley del ISSSTE, institución a la que el gobierno pretende rescatar, revirtiendo la privatización de sus servicios realizada por administraciones anteriores.
Faltan por listarse los proyectos de sentencia de otras reformas realizadas en el paquete de 20 aprobadas en abril del año pasado, entre ellas la que se realizó a la Ley General de Salud, a fin de extinguir el INSABI y sustituirlo con el IMSS-Bienestar; las que se efectuaron a las leyes de Aeropuertos y de Aviación Civil, que incluyen no sólo la autorización a la Sedena para administrar aeropuertos y una línea aérea (Mexicana), sino también modificaciones de fondo al sistema aéreo nacional, con el propósito de modernizar su estructura y funcionamiento y brindar un marco más adecuado a la seguridad del espacio aéreo mexicano.
También están pendientes de listarse los proyectos de sentencia de la nueva Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnología e Innovación y los cambios a la Ley Minera, entre otros. Independientemente de si los asuntos que le fueron asignados a la ministra Loretta Ortiz Alf fuesen en sentido de avalar las reformas, adoptando criterios opuestos a los de sus pares, su postura sería minoritaria, tomando en consideración el sentido de los votos del bloque mayoritario que ya anuló en 2023 el Plan B de la reforma electoral impulsado por el presidente, así como también la Ley Federal de Contratación de Publicidad.
En todos los casos en los que la Corte ha anulado reformas a leyes vigentes o la promulgación de nuevas leyes alegando vicios en el proceso legislativo, los argumentos centrales han sido el poco tiempo del que dispusieron las minorías legislativas para conocer el contenido de las iniciativas de reformas; el reducido lapso que hubo para su debate en comisiones y en el Pleno; la ausencia de la oposición al elaborarse los dictámenes correspondientes en comisiones; y, finalmente, el abandono del recinto de debates de las minorías parlamentarias al discutirse y aprobarse las citadas reformas.
Estos criterios, reiterados por el bloque mayoritario de ministros, evaden e ignoran los tiempos y las formas del proceso legislativo que dio lugar a la actual Corte en 1994:
El 5 de diciembre de aquel año, el presidente Ernesto Zedillo presentó ante el Senado su iniciativa de reformas constitucionales al Poder Judicial Federal. El documento pasó de inmediato a comisiones para su dictamen, el cual se discutió en el Pleno del Senado el 18 de diciembre. Ese mismo día se aprobó por unanimidad, ya que los legisladores de izquierda abandonaron la sesión. En la Cámara de Diputados la votación, realizada el 21 de diciembre, fue de 381 a favor y 66 en contra. En los congresos de los estados este bloque aprobó también la reforma de manera exprés. Para el 31 de diciembre el proceso había culminado. Las reformas entraron en vigor el 1 de enero de 1995.
¿Cuál es la diferencia entre las prácticas legislativas de1994 y las actuales? Que en esa época gobernaba la derecha, conformada por PRI y PAN, y su bloque legislativo contaba con una amplia mayoría para arrasar a la oposición de izquierda. Hoy los papeles se han invertido, pero no lo suficiente, pues el partido en el gobierno y sus aliados no cuentan con las dos terceras partes de los votos en el Congreso de la Unión para realizar, por sí mismos, las reformas constitucionales que pretenden, como sí era el caso del PRIAN en 1994.
Claro, otra diferencia respecto a la anunciada nulidad del paquete de modificaciones legales en disputa es que las reformas constitucionales no son impugnables ni pueden ser anuladas por la SCJN, aunque algunos de los actuales ministros ya han presentado proyectos en sentido contrario, alegando el Control de Convencionalidad. Pero hasta hoy no se han atrevido a dar ese paso.
La integración de la Corte actual es una anomalía del régimen democrático, pues la interpretación sistemática del texto constitucional que ha hecho la mayoría no corresponde a la orientación política de los otros dos poderes de la Unión, electos democráticamente en las urnas. Ese bloque, que vota consistentemente en contra de todas las reformas prioritarias del actual gobierno, responde a los intereses políticos y económicos del antiguo régimen, no a las nuevas realidades políticas y sociales del país.
Hay que decir, sin embargo, que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene una enorme responsabilidad en ese estado de cosas, pues él propuso a dos de los ministros que se sumaron al bloque de derecha en la Corte: Juan Luis González Alcántara Carrancá y Margarita Ríos-Farjat. El propio AMLO, en una de sus conferencias mañaneras recientes, se ha referido a ellos como “traidorzuelos”.