Las cosas por su nombre
Por Ramón Alfonso Sallard
Después de asumir cargo, el 1 de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo anunció en su discurso de toma de posesión que enviaría de inmediato al Congreso de la Unión una iniciativa de reformas constitucionales que modificarían por completo la integración y funcionamiento del Poder Judicial Federal. El documento fue entregado cuatro días después. Para entonces, la situación del país era bastante crítica en términos políticos, económicos y sociales.
El 1 de enero de 1994, simultáneamente a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ocurrió el levantamiento armado indígena en Chiapas y apareció en la escena pública el Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Posteriormente, el 23 de marzo, mientras se realizaban negociaciones de paz entre representantes de la guerrilla y del gobierno en San Cristóbal de las Casas, ocurrió el asesinato en Tijuana del candidato del PRI a la presidencia de la República, Luis Donaldo Colosio Murrieta. Otro crimen político, el de José Francisco Ruiz Massieu, secretario general del PRI, fue perpetrado el 28 de septiembre en la Ciudad de México.
Estos eventos –y el asesinato previo del cardenal de Guadalajara, Juan Jesús Posadas Ocampo, el 24 de mayo de 1993—produjeron una enorme inestabilidad política en el país, lo cual derivó, a su vez, en la creciente fuga de capitales que condujo a una profunda crisis económica, la cual estalló, precisamente, ese mes de diciembre de 1994, mientras se discutía en el Congreso la iniciativa de reformas constitucionales al Poder Judicial Federal.
Conocida como efecto tequila, esta crisis económica fue provocada por la falta de reservas internacionales, lo cual causó una abrupta devaluación del peso mexicano durante los primeros días de la administración zedillista. Fue necesario que el entonces presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, solicitara al Congreso de su país la autorización de una línea de crédito por $20 mil millones de dólares, a fin de que el gobierno mexicano garantizara a sus acreedores el pago de deuda. Los ingresos petroleros de México quedaron en garantía.
La crisis económica propició la ruptura política entre Salinas y Zedillo, quienes se echaron mutuamente la culpa del error de diciembre –frase acuñada por el primero—, que dejó en la quiebra a millones de mexicanos (posteriormente, Zedillo transformaría miles de millones de pesos de deuda privada en deuda pública a través del Fobaproa).
En ese contexto se discutió y aprobó la reforma al Poder Judicial Federal, que entró en vigor el 1 de enero de 1995. El titular del ejecutivo y los miembros del poder legislativo decidieron, por cuenta propia, sin consultar a los integrantes del poder que estaban reformando, recomponer, rediseñar y reintegrar a su par en la división tripartita del Estado.
Para empezar, removieron del cargo a los 26 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), redujeron a 11 su número y alteraron la fórmula para nombrarlos. Además, crearon una instancia para reemplazar la tarea que la Corte había realizado durante 170 años: administrar al poder judicial.
Esta medida tenía una explicación política: de los 26 ministros que existían, 15 habían sido nombrados por Miguel de la Madrid y 9 por Carlos Salinas. Precisamente durante la administración de este último, varios ministros, a pesar de su adscripción a uno de los tres poderes de la Unión, habían sido nombrados y removidos libremente por el presidente de la República, que los utilizó indistintamente en funciones jurisdiccionales o los designó para cargos políticos en la administración pública federal, sin que mediara restricción alguna.
Dos casos resultaban especialmente sensibles para el presidente entrante y para el grupo de colaboradores cercanos del asesinado Luis Donaldo Colosio: Diego Valadés Ríos y Miguel Montes García. El primero se desempeñaba como Procurador General de la República cuando el político sonorense fue ejecutado. El segundo fue el primer fiscal especial del caso Colosio.
Años después, en el informe final del caso, se desmenuzaron los errores del pasado. Así, en los cuatro días que la investigación estuvo a cargo de Diego Valadés, hubo confusión: las pesquisas no se sujetaron a los principios básicos de la criminalística, no hubo hilo conductor, no se preservó el lugar de los hechos, los peritos no tenían ni brújula ni cintas métricas cuando realizaron la reconstrucción y, además, se perdieron importantes elementos indiciarios.
Valadés renunció a la PGR el 13 de mayo de 1994, y el 31 de ese mismo mes, el presidente Salinas lo designó ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El Senado ratificó el nombramiento. La designación del jurista fue una suerte de enroque, ya que el entonces ministro de la SCJN, Miguel Montes García, había solicitado licencia a su cargo el 28 de marzo de 1994, a fin de asumir la Subprocuraduría de la PGR encargada de investigar el caso Colosio.
Al inicio de su gestión, Miguel Montes apoyó la teoría de la “acción concertada” en contra de Luis Donaldo Colosio. Sin embargo, menos de cuatro meses después, concluyó que Mario Aburto Martínez era el único autor del asesinato, tanto material como intelectual. En otras palabras, se trató de un asesino solitario. Las conclusiones del fiscal generaron un amplio rechazo entre los colosistas y la sociedad en general. La viuda de Luis Donaldo, Diana Laura Riojas, hizo explícito su disgusto por los resultados.
En su momento, esta reforma al poder judicial fue considerada por legisladores de izquierda, académicos y juristas como un golpe de Estado técnico (Ruiz Morales y Rocha Arrieta, 2012: 18-31). El tema fue analizado desde muy diversos ángulos. Lo cierto es que Zedillo pudo hacerlo porque su partido, el PRI, contaba con mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso de la Unión y, además, el PAN apoyaba las reformas. Hoy ese mismo bloque se opone a una nueva reforma constitucional del Poder Judicial Federal. Dicen que la Corte no se toca.