Las cosas por su nombre
Por Ramón Alfonso Sallard
A partir del 15 de marzo, y hasta el domingo 24 de marzo, compartiré en el espacio de mi columna una serie de diez capítulos sobre el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el contexto en el que ocurrió y las consecuencias. Incluye fragmentos de un libro inédito de mi autoría sobre el tema, con datos e información actualizada.
En marzo pasa de todo, como es bien sabido. Por eso los romanos le tenían tanto respeto y temor. Originalmente era sólo el día 15, a raíz de los acontecimientos ocurridos 44 años antes de nuestra era, pero con el paso del tiempo la reserva se extendió al mes completo. Después, el asunto se popularizó en todo el mundo y muchos pueblos, aún sin saber bien a bien el origen de aquella cautela, la adoptaron como propia. Preferían posponer el inicio de sus grandes proyectos o adelantarlos, pero nunca iniciarlos en marzo, a menos que quisieran enfrentar todas las desgracias previsibles y también las insospechadas. “Guárdate de los idus de marzo”, decía el refrán.
Las cosas no siempre fueron así. En la antigua Roma se denominaba “idus” al día mediante el cual se separa el mes, dividiéndolo en dos partes no necesariamente iguales. En marzo, mayo, julio y octubre, correspondía al quince, y al trece en el resto de los meses. Los idus de marzo eran la gran fiesta romana del inicio de las siembras de primavera. Los cristianos la adoptaron manteniéndola como fiesta del campo, pero luego del asesinato de Julio César, la imaginación popular asumió no sólo el día quince, sino el mes completo, como tiempo de grandes calamidades o de acontecimientos generalmente turbulentos.
William Shakespeare, en su drama Julio César, narra los últimos días de la vida del emperador romano en el año 44 antes de Cristo. En la escena II, situada en una plaza pública, César se encuentra con un adivino que le advierte: “Guárdate de los idus de marzo”. César lo desdeña: “Es un soñador; dejémosle”. Y sigue su camino.
En la escena primera del acto III, frente al Capitolio, el 15 de marzo, fecha de los Idus, César vuelve a encontrarse con el adivino. “Los idus de marzo han llegado”, le dice el emperador. “Ay, César, pero no han pasado”, le responde el clarividente. Minutos después, Julio César cae muerto a cuchilladas, víctima de una gran conspiración en el Senado romano.
En 1994, Luis Donaldo, al igual que César en el 44 antes de Cristo, desdeñó los hedores de descomposición que impregnaban el aire que respiraba. También fue asesinado en medio de la multitud, al terminar un mitin en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana el 23 de marzo.
(Cuadernos del desierto, 15/03/1995)
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Han pasado seis años. La investigación del homicidio se encuentra en el punto de partida: Mario Aburto fue un asesino solitario. Confesó su culpa. En aquellos momentos se encontraba purgando una sentencia de 45 años en prisión. A 72 meses de los hechos sangrientos, la Procuraduría General de la República no había podido encontrar ninguna prueba que demostrara la coparticipación de personajes políticos o del crimen organizado, como se especulaba hasta entonces. Ninguna hipótesis, de las múltiples que surgieron a lo largo del sexenio, había podido ser comprobada.
Desde su creación en 1994, hasta los días previos al 23 de marzo de 2000, la Fiscalía Especial para el Caso Colosio había indagado 940 pistas; llevaba 323 dictámenes, con apoyo de instituciones científicas nacionales e internacionales; sumaba un total de 1,969 comparecencias ante el Ministerio Público Federal, desde testigos oculares hasta políticos del primer círculo del poder, como Carlos Salinas y Ernesto Zedillo; también había recabado 538 informes de autoridades diversas, dentro y fuera de México. (El FBI, la agencia federal de investigaciones estadounidense, fue una de las que más documentos aportó.)
En marzo de 2000, el fiscal Luis Raúl González Pérez trataba de obtener testimonios de presuntos narcotraficantes en Estados Unidos, Perú y Colombia, en el marco de las dos únicas líneas de investigación que mantenía vigentes: el entorno político durante la campaña presidencial de 1994, y el narcotráfico. El caso Colosio había ya desacreditado a dos presidentes, a cuatro procuradores –Diego Valadés, Humberto Benítez Treviño, Antonio Lozano Gracia y Jorge Madrazo–, e igual número de fiscales: Miguel Montes, Olga Islas, Pablo Chapa y el propio González Pérez.
Y es que la historia del asesinato tuvo diversos y espectaculares giros durante los seis años anteriores. Primero fue Asesino Solitario, después Acción Concertada, nuevamente Asesino Solitario, luego Dos Tiradores y, al final, retorno a la hipótesis inicial: Asesino Solitario.
En los días previos al 23 de marzo de 2000, en plena campaña electoral por la presidencia de la República, González Pérez concedió entrevistas exclusivas a cuanto medio de comunicación se lo pidió, en una abierta campaña promocional que, sin embargo, no logró convencer a la opinión pública, reacia a reconocerle su labor.
Ante la incredulidad generalizada, el fiscal señaló una y otra vez que no descartaba ni autoría intelectual de terceros ni un crimen de Estado, pero que hasta ese momento simple y sencillamente no había podido encontrar nada que lo probara. Ni con políticos ni con narcotraficantes. Tampoco con las personas que estuvieron presas en los primeros dos años de investigación del homicidio, menos aún con los individuos señalados públicamente como sospechosos.
Fueron nueve los acusados y detenidos por estar presuntamente involucrados en el crimen de Luis Donaldo Colosio. Pero excepto el criminal confeso y sentenciado, ninguno fue condenado: Othón Cortés Vázquez, Héctor Hernández Tomassini, José Rodolfo Rivapalacio Tinajero, Tranquilino Sánchez Venegas, Vicente Mayoral Valenzuela, Rodolfo Mayoral Esquer, Fernando de la Sota, Alejandro García Hinojosa y Alberto Carrillo Cuevas.
Aunque la noche misma del homicidio el procurador Diego Valadés llegó a ciudad de Tijuana para hacerse cargo de las investigaciones de manera personal, sólo estuvo al frente durante cuatro días. Con el aval de la viuda de Colosio, el presidente Carlos Salinas designó a Miguel Montes García como fiscal especial. Fue necesario, no sólo por el desorden que privaba en las indagatorias, sino para intentar darle credibilidad a la actuación de la PGR.
En las primeras horas posteriores al homicidio, la Procuraduría de Baja California se hizo cargo del caso por tratarse de un delito del fuero común, pero no acertó a tomar el control inmediato de la situación, dando lugar a la intervención de diversas autoridades de manera inconexa y sin respaldo de las técnicas adecuadas en materia criminal. El desorden no cesó al ejercer la federación su facultad de atracción, como estaba previsto en la ley de la materia recién aprobada por el Congreso de la Unión.
Los elementos del Estado Mayor Presidencial que detuvieron a Mario Aburto y lo pusieron a disposición de la PGR, conservaron durante algunas horas el arma homicida y la ojiva presuntamente encontrada en el lugar de los hechos (después se diría que fue lavada y sembrada) Raúl Loza Parra, subdelegado de la Policía Judicial Federal en Baja California, realizó el primer interrogatorio al detenido y luego le mostró el video tomado por personal a su cargo en el momento mismo en que Colosio recibió a quemarropa el balazo en la cabeza, lo cual contradecía todo criterio criminalístico.
En la imagen proyectada no se apreciaba el rostro de la persona que accionaba el arma en contra del candidato presidencial priista. Por si fuera poco, la procuraduría liberó en esas horas al agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio Sánchez Ortega, detenido previamente por policías municipales, a pesar de que dio positivo en la prueba de Harrison y de tener en su chamarra una mancha de sangre que, se sabría después, pertenecía a Colosio.
Las irregularidades persistieron el 23 de marzo y los días subsecuentes. Desde el presunto interrogatorio que el gobernador de Sonora, Manlio Fabio Beltrones, le habría hecho a Mario Aburto, hasta la identidad desconocida de un sexto pasajero en el avión de la PGR que trasladó al criminal a México. En medio, la presencia de un numeroso grupo de personas durante la necropsia practicada al cuerpo de Colosio, lo cual impidió una adecuada fijación de fotografías al cadáver, deficiencia que no fue subsanada por los peritos, quienes no establecieron el plano de sustentación en su dictamen, indispensable para determinar la trayectoria de los dos disparos. Como corolario, la descoordinación que existió entre el personal ministerial y pericial que practicó la primera reconstrucción de hechos.
Privaba el caos cuando Miguel Montes inició su gestión como fiscal, el 28 de marzo de 1994. En principio sustentó la tesis de la Acción Concertada. Ya no se trataba de una hipótesis, sino que esta se probaba con la consignación de Tranquilino Sánchez Venegas como copartícipe del asesinato, el mismo día que tomó posesión del cargo. El jurista reforzó su postura menos de una semana después, el 4 de abril, al presentar ante un juez a Vicente y Rodolfo Mayoral, padre e hijo, y a Rodolfo Rivapalacio, como presuntos cómplices del homicidio.
Pero no habían pasado ni dos meses cuando Montes García abandonó la tesis de la Acción Concertada. El 2 de junio hizo pública su nueva convicción: fue Aburto y nadie más. Informó que sus investigaciones no habían aportado elementos de prueba que sostuvieran el complot. El 14 de julio renunció a su cargo, al considerar agotada la investigación. El autor material era también el autor intelectual del homicidio. Para sustentar su nueva tesis, asumió que el candidato priista dio un giro de 90° sobre su eje, luego de recibir la primera bala en la cabeza, lo cual habría permitido a Mario Aburto dispararle por segunda ocasión en su abdomen.
La actuación de Montes dejó una secuela de escándalo y de franca reprobación colectiva, apuntalada por la descalificación pública que hizo de su trabajo, la misma persona que lo había propuesto para el cargo: Diana Laura Riojas de Colosio.
El 18 de julio, la jurista Olga Islas de González fue designada por el presidente Salinas como segunda fiscal del Caso Colosio. Discreta y reservada, en ningún momento asumió alguna postura respecto a la existencia o no de copartícipes y cómplices materiales del asesino confeso, o autores intelectuales del homicidio. En su gestión, Aburto fue condenado en primera instancia a 42 años de prisión, término que posteriormente fue ampliado a 45. Terminó el sexenio de Salinas y con él presentó su renuncia al cargo.
Ernesto Zedillo nombró procurador general de la República al panista Antonio Lozano Gracia y él, a su vez, propuso como fiscal especial para los casos Colosio, Ruiz Massieu y Posadas al investigador Pablo Chapa Bezanilla, un abogado-policía o policía-abogado, como él mismo se definía, con varios años de experiencia en la institución. Tomó posesión del puesto el 16 de diciembre. Apenas dos meses después, en febrero de 1995, con unos cuantos días de diferencia, dio dos golpes espectaculares: detuvo a Raúl Salinas de Gortari, hermano del ex presidente, como presunto autor intelectual del homicidio de su ex cuñado José Francisco, y en el caso del sonorense detuvo y consignó a Othón Cortés Vázquez, acusado de ser el autor del segundo disparo que recibió.
De esta forma, Chapa Bezanilla dio un vuelco espectacular a la investigación sobre el homicidio de Luis Donaldo. Su gestión estuvo plagada de filtraciones a los medios de comunicación y de inconsistencias, incluso absurdos, que terminaron por explotarle en el rostro con el asunto de la finca El Encanto, en donde presuntamente encontró la osamenta del diputado Manuel Muñoz Rocha, presunto autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, en una pintoresca trama que escandalizó a la sociedad.
Cuando se descubrió la falacia, Chapa perdió primero su cargo como fiscal especial para el caso Ruiz Massieu y luego los otros dos: Posadas y Colosio. Al final tuvo que huir a España, desde donde fue extraditado, al ser acusado de diversos delitos relacionados con el mal ejercicio de sus funciones. Entonces llegó Luis Raúl González Pérez a empezar todo de nuevo.
En las diversas entrevistas que concedió a los medios de comunicación, en los días previos al sexto aniversario del crimen de Lomas Taurinas, el fiscal especial insistió una y otra vez que, sin importar el resultado final, descubriera lo que descubriera, muy pocos le creerían, debido a las zigzagueantes investigaciones que lo antecedieron. Se quejaba: “Me ha ido como a negro de la feria”. Y reconocía que la sociedad esperaba escuchar que Salinas lo mandó matar, “pero las investigaciones no se deciden por votaciones, intuiciones, creencias o melates”.
–¿Usted conoce a Mario Aburto? –le preguntaron los reporteros de La Jornada, Elena Gallegos y Gustavo Castillo.
–¿A Mario Aburto? –preguntó a su vez el fiscal González Pérez–. Sí…digo, lo conozco después. ¡No se vaya a pensar que también estuve en el complot!
Y con una sonora carcajada festejó la broma.