Las cosas por su nombre
Por Ramón Alfonso Sallard
El presidente de la República ha sido reiterativo en que “los medios se regulan con los medios”. Así responde normalmente a preguntas o peticiones sobre nuevas normas legales que codifiquen los derechos y obligaciones de los medios de comunicación, así como las atribuciones y límites del ejercicio periodístico en México. Sin embargo, la visión de AMLO en ese tema se asemeja más a la de un demócrata liberal del siglo XIX que a la de un jefe de Estado del siglo XXI.
En aquella época, el discurso público se caracterizaba por un orden coherente y racional de las ideas y de los hechos, pero en tiempos de infocracia o régimen mundial de la información, países enteros son sometidos por empresas privadas trasnacionales que dominan la aldea digital, ya sea mediante campañas en donde “la verdad es irrelevante”, o bien, a través de la censura directa e indirecta a sus gobernantes. Hoy las redes sociales pueden encumbrar rufianes o tumbar autoridades legítimamente constituidas en función de intereses oligárquicos.
En ese sentido, difiero completamente de la postura presidencial que, a mi juicio, exhibe un candor inconcebible en un político de su dimensión. No. La autorregulación o la regulación entre pares es inoperante en medios de comunicación, sobre todo en espacios digitales y redes sociales. Se requiere un nuevo tratado entre los Estados y también normas legales internas. Cada vez son más las voces que lo demandan, provenientes tanto de instancias gubernamentales como de la sociedad civil. Si no se atienden estos reclamos, el concepto de “soberanía” perderá vigencia y significado.
Al igual que las 20 reformas –18 constitucionales y dos legales– propuestas por AMLO al Congreso de la Unión que han sido calificadas como “prioritarias” por la 4T, una eventual regulación de los medios de comunicación debería tener el mismo nivel de preeminencia y alcanzar también el rango constitucional, pues, de lo contrario, las oligarquías locales y trasnacionales podrían detenerla o revertirla. Asimismo, tendría que establecerse con claridad la función social del periodismo, al igual que el alcance de las sanciones civiles por daño moral en el ejercicio de esta profesión.
Cuando la prensa se regulaba por la prensa –tal es la expresión original—todos los medios de comunicación eran impresos. Además, en las democracias liberales, las personas podían ser propietarias de imprentas. En todo caso, al menos en México, los controles del poder público se centraban en el papel y en la circulación del medio.
Las leyes que restringían el ejercicio del periodismo impreso fueron flexibilizándose con el paso del tiempo, hasta desaparecer prácticamente todos los controles. En el camino, sin embargo, surgieron los medios electrónicos de comunicación. Primero fue la radio y después la televisión. A diferencia de la prensa, los medios electrónicos operan mediante concesiones o permisos, pues requieren del uso del espacio aéreo regulado por los Estados.
Los tratados internacionales reconocen la soberanía de los Estados sobre sus espacios aéreos. Para mayor precisión, el espacio aéreo es una porción de la atmósfera terrestre de un país ubicada tanto sobre tierra como sobre agua. No obstante, los tratados internacionales precisan que la soberanía estatal no se extienda al espacio exterior.
En cuanto a la regulación internacional del espacio ultraterrestre, existen varios tratados que establecen normas y principios para su uso pacífico y responsable: Tratado sobre el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes (1967), Acuerdo de Rescate y Retorno de Astronautas y Objetos Espaciales (1968), Convención sobre la Responsabilidad Internacional por Daños Causados por Objetos Espaciales (1972), Convenio sobre el Registro de Objetos Espaciales (1975) y Tratado sobre la Luna (1979), el cual prohíbe la explotación de los recursos lunares por parte de los Estados.
Sin embargo, en materia de telecomunicaciones existen varias lagunas. El espacio ultraterrestre es crucial en ese ámbito, con satélites que proporcionan servicios esenciales para la comunicación, la navegación y la transmisión de datos. La Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de la ONU en la materia. La UIT tiene a su cargo la gestión del espectro radioeléctrico a nivel mundial y la elaboración de reglamentos para las telecomunicaciones espaciales; asigna las frecuencias radioeléctricas evitando interferencias entre diferentes satélites y sistemas; y establece planes para la distribución de los satélites en órbita, evitando colisiones y congestiones, entre otros aspectos.
El creciente número de satélites en órbita exige una gestión más eficiente del espectro radioeléctrico y de las órbitas espaciales. Pero el mayor desafío, que es también una preocupación creciente, es la seguridad de las redes y de los sistemas espaciales frente a ciberataques.
Por otro lado, la irrupción de los medios de comunicación digitales y las redes sociales, si bien ha transformado la forma en que nos comunicamos e informamos, también plantean desafíos en cuanto a su regulación a nivel internacional, pues no existe en la actualidad un organismo que se ocupe de este tema. Los principales problemas podrían resumirse de la siguiente manera:
- Libertad de expresión vs. discurso de odio: La difusión de contenido ilegal o dañino, como el discurso de odio, continuará sin control si no se regula este derecho, que no es absoluto. Uno de sus límites es, precisamente, el discurso de odio.
- Desinformación y noticias falsas: Combatir ambos elementos es una tarea compleja que requiere la colaboración de diferentes actores, incluyendo gobiernos, plataformas digitales y sociedad civil. Sin embargo, si las restricciones no se establecen en instrumentos internacionales y en normas internas, la desinformación y las noticias falsas continuarán ad infinitum.
- Privacidad y protección de datos: Regular internacionalmente y en la legislación interna la recopilación y el uso de datos personales por parte de las plataformas digitales, resulta crucial para proteger la privacidad de los usuarios.
- Tratado antimonopolio: Es absolutamente indispensable combatir legalmente la concentración de poder en unas pocas plataformas.
¿Los medios se regulan con los medios? Desde luego que no. A menos que se quiera subordinar a un país como México a plataformas privadas como YouTube. ¿Le cae, presidente, o ya tomó nota?