Las cosas por su nombre
Por Ramón Alfonso Sallard
En el debate del domingo pasado, Xóchitl Gálvez acusó a Claudia Sheinbaum de “narcocandidata” sin aportar indicio alguno de la presunta actividad ilícita de su adversaria. Lo que hizo, en realidad, fue salir del clóset: asumió públicamente la maternidad de la campaña de trolls centers y bots que ha contaminado las redes sociales desde enero pasado, en la cual se han utilizado etiquetas que vinculan al presidente y a la candidata presidencial de Morena con el narcotráfico.
A excepción de los fanáticos anti AMLO, que bucean con renovado placer en las letrinas mediáticas, una buena cantidad de analistas políticos –incluidos algunos críticos de la 4T como René Delgado y Roberto Zamarripa—han alertado sobre el riesgo de continuar por ese camino sin retorno.
El problema es que la autoridad electoral permanece impávida ante la calumnia, como si combatirla e impedirla fuera algo ajeno a su responsabilidad legal y constitucional. Ellas y ellos tendrían que recordar el poema de Martin Niemöller: “Primero vinieron por los socialistas, y guardé silencio porque no era socialista…”
No estoy dando ideas a nadie, pero no sería extraño que, para hacer reaccionar al omiso INE, algunos activistas digitales promovieran etiquetas de narcoconsejeros y narcoconsejeras electorales con nombres y apellidos. Por lo menos, para que sepan lo que se siente. Como decía el fallecido cronista de Tepito, Armando Ramírez: ¿qué tanto es tantito?
Un día después del debate, Xóchitl confesó a su vocero oficioso, Ciro Gómez Leyva, que había tachado de “narcocandidata” a Claudia porque ésta, previamente, la había señalado como “corrupta”. Tal cual. No importa la evidencia probatoria, sino el efecto mediático instantáneo. Independientemente del infantilismo reactivo, lo que más preocupa es la banalización de un fenómeno social –el narcotráfico—que, al utilizarse políticamente, produce violencia y termina por revertírsele a quienes promueven esta práctica.
Por lo demás, entre una acusación y otra existen diferencias notables. Mientras que la panista sólo tiene su palabra como sustento, sin aportar modo, tiempo y lugar, la candidata presidencial de la 4T presentó nuevas evidencias de los negocios de su adversaria al amparo del poder, que ya han sido denunciados penal y administrativamente por Morena, en la parte institucional, y por diversas personas, de manera individual. El principal denunciante es Víctor Hugo Romo, ex jefe delegacional de Miguel Hidalgo.
Lo peor del caso es que, ante la evidencia presentada en el debate, Xóchitl reconoció que tuvo contratos con el gobierno federal que favorecieron a sus empresas, precisamente cuando se desempeñaba como alta funcionaria de la administración foxista. Lo que hizo, en términos legales, fue una confesión de parte, voluntaria y sin coacción, que puede ser utilizada en su contra en tribunales. Habría que verificar la prescripción de los delitos, pero claramente se configura tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, cohecho, uso indebido de atribuciones y otros. En términos políticos, dio pie para que su confesión sea utilizada por la propaganda de contraste del adversario. Y la sanción, en ese terreno, puede ser todavía más oprobiosa de lo que hasta hoy ha sido.
Como la práctica de hacer negocios al amparo del poder público se convirtió en un modus operandi de Xóchitl Gálvez, los casos de tráfico de influencias más recientes son totalmente judicializables. Es decir, puede ser sancionada administrativa y penalmente una vez que termine la campaña presidencial. Por si fuera poco, la panista traspasó una línea roja al agraviar maliciosamente a la familia de su adversaria. Por ese camino no hay retorno.
La utilización política del narcotráfico, y el efecto bumerang que produce, puede ejemplificarse claramente con Felipe Calderón, auto exiliado en España ante el temor fundado de ser encarcelado en México. Este individuo, que declaró la guerra al narcotráfico para legitimar su ascenso fraudulento a la presidencia de la República, tuvo el atrevimiento de nombrar a Genaro García Luna como responsable de su presunta cruzada contra el crimen organizado, a pesar de las evidencias previas que lo vinculaban con grupos delincuenciales.
Hoy, su secretario Seguridad Pública, que se encuentra preso en Estados Unidos desde hace varios años y que ya fue declarado culpable de narcotráfico por un jurado popular, está a la espera de ser sentenciado por el juez de la causa en Nueva York, lo cual ocurrirá en junio, justo después de las elecciones en México. Pero todavía queda casi un mes de campaña, y en ese lapso puede alentarse una campaña masiva que exhiba la complicidad de Calderón con el narcotráfico. Ya sea por acción u omisión, su presunta culpabilidad tiene asideros legales. Ante la embestida de Xóchitl en el debate, que etiquetó al de AMLO como un “narcogobierno”, Claudia Sheinbaum fue clara: “el único narcogobierno que ha existido en México es el de Calderón”.
Supongamos que existiera en lo que resta de las campañas electorales una propaganda masiva con esas características. Ahí sí, ¿el INE intervendría? Porque, hasta la fecha, solamente se ha esmerado en censurar al presidente y a la coalición oficialista por expresiones que “ponen en riesgo la equidad de la contienda”, pero que están a años luz de los dichos de la derecha. En el tema de las narcoetiquetas, por ejemplo, el INE se ha declarado incompetente para investigar. ¿Solamente intervendrían si se llevara también al baile a las consejerías? No es un tema menor, que pueda banalizarse sin consecuencias.
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