La condena por el transporte de migrantes ilegales con fines de lucro, conlleva una sentencia máxima de 10 años de prisión.
Adolescentes y jóvenes originarios de la región fronteriza entre Sonora y Arizona son atraídos a través de redes sociales para transportar a migrantes ilegales por las carreteras del sur del vecino estado del norte.
A cambio, las organizaciones criminales les ofrecen sumas de dinero y una supuesta seguridad en el traslado, que en muchas ocasiones se convierte en una seguridad dentro de una prisión federal estadunidense.
De acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en el Distrito de Arizona, en días recientes se llevó a cabo la revelación de 13 acusaciones contra un total de 22 personas por conspiración para transportar migrantes ilegales con fines de lucro.
Cada acusación fue contra un coordinador de tráfico de personas que utilizó las redes sociales, incluido Snapchat, para reclutar personas dentro de Arizona que transportarán a las personas por dinero.
Después de reclutar a los conductores en redes sociales, los coordinadores a menudo cambiaban a una aplicación de mensajería como WhatsApp para coordinar la logística. Muchos de los coordinadores acusados fueron identificados a través de contactos policiales, datos de teléfonos celulares y sus cuentas de redes sociales.
Los coordinadores reclutan a los jóvenes con publicaciones en las redes sociales donde se “engrandece” el contrabando de extranjeros.
Muchas de las publicaciones afirman que los conductores pueden ganar grandes sumas de dinero sin el riesgo de ser arrestados, como se muestra en un ejemplo del primer caso enumerado.
Los acusados fueron identificados como Ramón Moreno López, Mauricio Andrade García, Juan Ausencio Avendaño, Josiah Gómez, Jalen Harris, Rubén Ibarra, Dominic Leos, José Molina, Keyani Pérez, Armando Ramírez, Fabián Rivera, José Sarabia y Arnoldo Soto, entre otros.
Una condena por conspirar para transportar migrantes ilegales con fines de lucro conlleva una sentencia máxima de diez años de prisión, una multa de hasta 250 mil dólares y hasta tres años de libertad supervisada.