La candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, reconoció que no basta con tener un presidente honesto para acabar con la corrupción, por lo que se tiene que hacer más en el combate a este flagelo.
Al presentar su estrategia en materia de transparencia y gobierno honesto, la aspirante de Morena a gobernar el país, explicó que no se puede tener una administración libre de corrupción si el titular ha estado inmiscuido en escándalos o acusaciones de esa índole.
“Hemos avanzado muchísimo, no somos iguales sino no se hubiera podido avanzar lo que se avanzó en este sexenio. La corrupción no es un asunto cultural como se decía antes, es un asunto que se generó en gobiernos corruptos. Hoy tenemos un Presidente honesto pero tenemos que avanzar más en que se erradique la corrupción en donde quiera que se encuentre”, comentó.
La también candidata del PT y del PVEM, indicó que hay una clara diferencia entre el pasado y el presente, pues en la actual administración se utilizaron 2.4 billones de pesos en obra pública y programas sociales que, dijo, antes se malversaron en actos de corrupción.
Frente a integrantes de equipo de campaña, Sheinbaum sintetizó en tres ejes la estrategia: Servidores públicos de probada honestidad, simplificación administrativa y digitalización con transparencia.
En el acto estuvo presente el coordinador de los diálogos para la Transformación, Juan Ramón de la Fuente; la candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad, Clara Brugada; y el ex gobernador de Chihuahua, Javier Corral.
El ex panista fue el encargado de presentar ampliamente el plan titulado Gobierno Honesto y combate a la corrupción, en el que destacaron propuestas como la creación de una Agencia Federal de Combate a la Corrupción, que tendría facultades de investigación y de aplicar sanciones, y que absorbería a la Secretaría de la Función Pública, funcionando con el presupuesto de la misma dependencia.
También se propone actualizar el catálogo de delitos en materia de corrupción, un sistema de inteligencia, incrementar de 3 a 7 años delitos de corrupción no graves y de 7 a 12 los graves, la revisión y depuración de las notarías públicas.